Inicio > Noticias > Entidades y profesionales de infancia y migraciones proponen una modificación del reglamento de extranjería que garantice el derecho a documentarse de los niños y niñas que lleguen a España

Las propuestas que diversas entidades y profesionales expertas han realizado en el marco del trámite de consulta pública abierto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a principios de febrero, tienen como único fin facilitar a todos los niños y niñas su transición a la vida adulta.

Estas modificaciones, plantean que se garantice la plena y efectiva integración en la sociedad española de estos niños, niñas y jóvenes, de acuerdo con la legislación nacional e internacional que garantiza la protección de los Derechos Humanos, y, en especial, los Derechos de la infancia. 

El documento presentado se centra en los artículos relativos a la identificación, documentación, tramitación y renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo de los niños, niñas y adolescentes que han llegado solos a España y que han estado bajo la guarda y/o tutela de las entidades públicas de protección de las Ciudades y Comunidades Autónomas. Siguiendo la línea de las recomendaciones del Defensor del Pueblo ya aceptadas por el Ministerio, se plantea la necesidad de una modificación exhaustiva de los artículos 196, 197 y 198, y, dando un paso más, se proponen modificaciones de los artículos 148, 190 y 211 del mismo texto reglamentario.

Además, se incluyen varias Disposiciones Transitorias para la aplicación retroactiva del Reglamento, con el objetivo de documentar a todos los jóvenes que, si bien fueron menores de edad desde el 1 de enero de 2018 hasta la actualidad, no accedieron a su documentación a pesar de tener derecho a ello, lo que les sitúa en situación de exclusión social.

Dichas iniciativas, pretenden resolver las deficiencias del actual Reglamento, que no sólo no cumple con los compromisos internacionales suscritos por España, entre otras, respecto a la Convención de los Derechos del Niño, sino que tampoco da cumplimiento efectivo al art. 35.7 de la Ley de Extranjería, a la Ley de Protección Jurídica del Menor o a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al no considerar de manera primordial el Interés Superior del Menor. 

El Reglamento actual multiplica trámites administrativos, diluye responsabilidades entre las distintas administraciones y no proporciona respuestas ágiles y eficaces a las necesidades reales de estos niños y niñas. La falta de autorización de trabajo automática para los jóvenes migrantes en edad laboral, las exigencias al sector empresarial y a los jóvenes para la tramitación de su autorización de trabajo y posterior contratación, la vigencia de tan solo un año de las tarjetas de residencia de los menores tutelados y los obstáculos para su renovación, las dificultades en la obtención de las cédulas de inscripción y la disparidad de criterios a nivel provincial para su tramitación y el no reconocimiento de la validez de los documentos de identidad de los niños y niñas expedidos por las Autoridades de sus países de origen, son algunas de las cuestiones que han abocado a la infancia y juventud a la más absoluta indefensión.

ENTIDADES FIRMANTES

Aldeas Infantiles SOS

Alucinos la Salle

Asociación Española de Abogados Extranjeristas

Asociación Noves Vies

Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein)

Asociación Progestión

Cáritas

Col.lectiu Hourria

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) – Euskadi

Coordinadora de Barrios

Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas (CEPSS)

Coordinadora Obrim Fronteres

Cruz Roja Juventud

Federación Andalucía Acoge

Federación Estatal de SOS Racismo

Fundación Raíces

La Merced Migraciones

Plataforma de Infancia

Pueblos Unidos – Servicio Jesuita a Migrantes

Save the Children

UNICEF España

Voluntarios por otro Mundo 

Wasata Sans Frontières,